Por LERY LAURA PIÑA
La alerta sobre la supuesta existencia
de un segundo plan para
quitarle la vida al fiscal adjunto
de Higüey, Darío Rodríguez
Morla, no sólo implicó que la
Procuraduría General reforzara
la seguridad del funcionario. La
denuncia también reactivó el
proceso investigativo en el que
las autoridades tratan de determinar
el origen de la fortuna de
más de RD$90.8 millones que declaró
el fiscal en octubre de
2008.
Desde el principio, las declaraciones
juradas de los bienes de
Rodríguez Morla llamaron la
atención de la Procuraduría, porque
no incluían documentos que
ampararan las propiedades de los
bienes muebles e inmuebles declarados,
y sorprendió a muchos
amigos y allegados que desconocían
la fortuna que el miembro
del Ministerio Público presentaba.
En su declaración del 17 de
agosto de 2006, el funcionario registró
que poseía bienes por
RD$42.7 millones y, dos años más
tarde, el 18 de octubre de 2008, su
fortuna se había incrementado
hasta sobrepasar los RD$90.8 millones.
Es decir, había aumentado
en más de RD$48 millones.
Ya en 2004, año en que ingresa
al Ministerio Público, el funcionario
había declarado un patrimonio
de RD$90 millones.
Con estos precedentes de dudas
sobre la inmensa fortuna del fiscal
adjunto, la Procuraduría empezó
a examinar sus actuaciones
en cada proceso a su cargo con fines
de determinar las posibles
fuentes de agresión contra el fiscal
adjunto. Las pesquisas del caso
están a cargo del Departamento
de Asuntos Internos de la Procuraduría,
que encabeza Bolívar
Sánchez. También forma parte
de la comisión de investigación el
procurador adjunto Frank Soto,
quien explicó que no pueden
ofrecer detalles de la investigación
hasta haberla concluido.
También en el Palacio de Justicia
de Higüey hay una atmósfera
de silencio alrededor del tema.
LAS DUDAS. Aunque el fiscal titular
de la provincia La Altagracia,
Lucas Evangelista Pérez
José, también se niega a ofrecer
declaraciones, deja escapar algunas
medias respuestas. “Debe
evitar que el hecho que le pasó a
él, bochornoso, sea descubierto”,
dice sin dar más detalles, y refiriéndose
a Rodríguez Morla.
Pérez José se muestra confiado
en que la investigación arrojará
que su subalterno mintió en sus
declaraciones a la prensa: “Las
mentiras no se pueden sostener
por mucho tiempo”, dice.
Asegura que tras el atentado, a
Rodríguez Morla no le faltó seguridad,
como éste había denunciado,
y que la Fiscalía de Higüey
siempre insistió con la comisión
que tenía el caso a su cargo para
que agilizara el proceso.
La primera comisión para investigar
el atentado fue designada
por el jefe de la Policía, Rafael
Guillermo Guzmán Fermín, un
día después de que tuviera lugar
el ataque, pero a más de cinco
meses del atentado queda demostrado
que el proceso investigativo
quedó estancado.
Para José Bienvenido Otáñez,
secretario del Colegio de Abogados
de La Altagracia, hace tiempo
que la Procuraduría General debió
tomar una decisión definitiva
que implique la cancelación o el
traslado tanto del procurador fiscal,
Pérez José, como del fiscal
adjunto Rodríguez Morla.
“Conocemos a Darío Morla
(Darío Rodríguez Morla) desde
hace mucho tiempo. Y todos los
abogados que lo conocen encontraron
exorbitante esa declaración
jurada. Algo increíble para
todo el mundo aquí en la provincia.
¿De dónde?”, se pregunta.
Critica a las autoridades por no
haber investigado los bienes que
se suponen propiedades de Rodríguez
Morla cuando hizo su
primera declaración.
Otáñez reconoce que Rodríguez
Morla había conseguido importantes
condenas contra el
narcotráfico y otros tipos delictivos,
pero asegura que en muchas
ocasiones este representante del
Ministerio Público violó derechos
a sus imputados, y puso como
ejemplo de esas faltas las
agresiones verbales contra los
acusados y sus familiares, o haber
llevado algunos casos hasta altas
instancias judiciales, sin disponer
de pruebas que avalaran esos
procesos.
El representante del Colegio de
Abogados también hace referencia
a las versiones extraoficiales
sobre el escándalo, que condenan
tanto a Rodríguez Morla como al
procurador fiscal y señalan irregularidades
en los procesos judiciales
de Higüey:
“Una persona detenida con 200
kilos de droga sale [de la cárcel]
con más facilidad que una detenida
con un gramo, y cualquier persona
con dos dedos de frente
piensa que aquí hay algo raro. Eso
se ha dado siempre aquí, y con casos
de Darío Morla”.
Dice que el Colegio de Abogados
denunció esta situación ante
la Suprema Corte de Justicia, la
Procuraduría y el Juzgado de
Instrucción provincial, sin lograr
respuestas.
“Lo que se dice es que ahí hay
otras cosas envueltas que sólo saben
ellos, que han manejado el
Ministerio Público desde hace
años”, comenta.
Entiende que la prioridad es
concluir la investigación para dar
con la verdad, ya resulte o no condenatoria
para cualquiera de los
funcionarios judiciales.
EL SEGUNDO PLAN. Ro dríguez
Morla denunció la semana pasada
que el también fiscal adjunto,
Justo Núñez Pilier, lo había
alertado sobre un segundo
plan para asesinarlo y que su
compañero había recibido la noticia
de parte del procurador
fiscal, Pérez José.
Sin embargo, Núñez Pilier desmonta
la versión y asegura que si
existe ese plan, no es algo de lo
que él tenga conocimiento: “To d o
lo que le dije fue que ya no me iría
más con él [de Higüey a la Escuela
del Ministerio Público] porque
todos, incluso mi familia, me h
.jpg)
0 comentarios:
Publicar un comentario